El grupo jurídico de la letrada Odila Helga Castillo Bonilla lanzó un fuerte pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las alegaciones que han circulado últimamente en varios medios de comunicación de Panamá.
La defensa describió estas informaciones como ofensivas con intenciones maliciosas, impulsadas por intereses económicos específicos y creadas con el fin de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han infringido derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, manifestó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques se encuentran intereses económicos encubiertos que buscan aprovecharse del deterioro de la imagen de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que sufre la abogada. Recordaron un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, la cual fue desmentida posteriormente.
Verdades a medias y violación de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», distorsionadas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, señalaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación tiene su origen en un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se revelaron datos delicados, incluyendo movimientos migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Vigilancia ilegal y acciones legales en curso
La defensa informó que Castillo ha sufrido acoso mediante seguimiento por GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y un método de vigilancia ilícita. Carrillo declaró que se han menospreciado los derechos fundamentales de su representada, los cuales están protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se tomarán todas las acciones legales pertinentes para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y los que se busquen infligir. El equipo legal se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de esta campaña de desprestigio.
