Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, por las que cerca de 500 personas han sido condenadasla isla sigue se hundió en una profunda crisis económica y social que alimentó el descontento, pero también la represión contra las voces disidentes.
(Lea aquí: Organizaciones piden que Unión Europea y Celac aborden violaciones de DD. HH. en Cuba)
El 11 de julio de 2021 volarán millas de cubanos a las calles de la isla al grito de «Tenemos hambre» y «Abajo la dictadura», después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una critiquea situación de los turistas ante la ausencia de ausencia, en unas inéditas protestas des de la Revolution de 1959.
Más de 1.500 fueron detenidos, entre ellos casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, nacida en Cuba para documentar estos arrestos y ahora con sede fuera de la isla. Según cifras oficiales, cerca de 500 fueron condenados con penas definitivas, algunos hasta por 25 años de cárcel.
El gobierno tiene un corto plazo a margen de maniobra muy estrecho
El gobierno acusa a Estados Unidos de orquestar las marchas para derrocarlo. El lunes Granma, la emisora oficial, denunció la «responsabilidad directa» de Washington. Desde hace días, policías y fuerzas de seguridad tienen mayor presencia en las calles de La Habana, señaló AFP.
aunque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la «compleja situación económica», Cuba sigue luchando por salir del atolladero.
La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración registran factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor desde los años noventa crisis.
«El gobierno tiene un corto plazo un margen de maniobra muy estrecho», estimó el politólogo cubano Arturo López-Levy, profesor invitado de la Universidad Autónoma de Madrid, quien citó los «niveles tan precarios de seguridad alimentaria y energética en los que la generación histórica», encabezada por Fidel y Raúl Castro, entregó el país a Díaz-Canel, en el cargo desde 2018.
Ante estas dificultades, el gobierno aceleró la apertura económica, que es bastante estatal, hacia el sector privado. Esto alivió ciertas carencias, pero aumentó las desigualdades debido a altos precios.
En esta foto de archivo del 11 de julio de 2021, un hombre fue detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana.
Dormitorio Huelga
Lastrados sobre las duras condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, los cubanos, atrapados en una situación material muy precaria, dudan menos en expresar su descontento con las autoridades.
En 2022 habrá manifestaciones esporádicas contra los juzgados de electricidad en varias provincias y en La Habana.
En mayo, una década de personas se manifestó contra el rompimiento de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad a 1.000 km al este de La Habana. Sus protestas de que «no ocurren de modo planificado, ni con carácter legal sino de forma ad hoc», ante dificultades de la población, señala López-Levy.
«Las protestas son un reflejo de esa caída de la credibilidad» del gobierno, que esfuerza por proponer salidas a la crisis, dijo el sociólogo Rafael Hernández. «Así que un apagón ‘de más’, la falta de agua, de combustible, la continuada inflación (…) contribuye a tensar esa cuerda, que ha perdido la elasticidad de antes», en especial en los barrios más desfavorecidos.
Protestas por la huelga de cámara en Cuba.
Eliana Aponte / EL TIEMPO
La información sobre estas protestas se filtra a través de imágenes publicadas en redes sociales por ciudadania. Las autoridades, visiblemente sorprendidas durante el estallido de 2021, han tomado la costumbre de interrumpir el internet móvil cuando surgen estos brotes para evitar su extensión.
Opositores y activistas denuncian regularmente detenciones arbitrarias, hostigamiento o presiones para abandonar su país. El 11J de Justicia lanzó recientemente una campaña para alertar sobre la detención de «diez activistas y disidentes cubanos» que siguen encarcelados, bajo una «nueva ola de represión».
Jóvenes activistas que fueron el rostro de la movilización, entre ellos el dramaturgo Yunior García y la historiadora del arte Carolina Barrero, se verán obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años y que el viernes inició una huelga de cámara.
“En Cuba la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose”, denunció en Mayo Amnistía Internacional, apuntando al código penal en vigor desde 2022, que es más represivo. El Vaticano, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron la liberación de los manifestantes presos.
AFP
