Lun. Mar 4th, 2024

    Telefónica planteará un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sus principales filiales en España (Telefónica España, Móviles y Soluciones), según ha comunicado la dirección de la compañía a las centrales sindicales mayoritarias (UGT, CCOO y Sumados-Fetico). Aunque la operadora no ha puesto aún sobre la mesa una cifra del alcance del ajuste en la segunda reunión que han mantenido ambas partes sobre el nuevo convenio colectivo, que ha tenido lugar este lunes, fuentes sindicales estiman que afectará a en torno a 2.500 empleados. El número de personas que emplea Telefónica en España asciende a 20.947, por lo que el ERE afecta a cerca del 12% de la plantilla. Pero según los sindicatos, solo 16.000 trabajadores están bajo el paraguas del convenio.

    De esta forma, la operadora abandona la fórmula de plan de bajas voluntarias (conocido internamente como PSI) que venía aplicando desde 2016, y retorna al despido colectivo. La última vez que Telefónica aplicó un ERE fue en 2011. El ajuste, que afectó a 6.830 empleados y se prolongó hasta 2013, provocó una gran polémica por el coste que iba a tener para el Estado pese a los cuantiosos beneficios que presentaba entonces la compañía. La repercusión en la opinión pública fue tal que motivó incluso una modificación de la ley mediante la llamada “cláusula o enmienda Telefónica”. Por la misma, se obligaba a las empresas con beneficios de más de 500 empleados a sufragar el coste de las prestaciones públicas por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en caso de ERE. La compañía asumió la nueva normativa y abonó al Estado en torno a 350 millones de euros.

    Para evitar esas críticas, Telefónica cambió a partir de 2015 el método para realizar estas reducciones de plantilla y optó por los planes de salidas incentivadas, que no tienen coste para el Estado. Desde ese año y coincidiendo con la llegada de José María Álvarez Pallete a la presidencia de la operadora, la empresa ha ejecutado la salida de 11.300 trabajadores mediante tres planes de bajas voluntarias (Plan de Suspensión Individual o PSI).

    Coste para el Estado

    La empresa no ha aclarado los motivos del cambio de fórmula y si el ERE tendrá un coste para el Estado o será sufragado en su integridad por la compañía. “Hoy, lunes, han continuado las reuniones con los representantes de los trabajadores para la negociación del III Convenio de Empresas Vinculadas. Asimismo, se ha informado por parte de la empresa de la intención de realizar un despido colectivo en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones”, ha señalado la compañía.

    Por su parte, UGT, el sindicato mayoritario, ha indicado que las posturas entre las organizaciones sindicales y la dirección se encuentran “alejadas” y ha pedido, entre otros aspectos, una reducción de jornada a 35 horas, el teletrabajo, así como una duración mínima del próximo convenio (III Convenio de Empresas Vinculadas) de tres años, dado que el actual es una prórroga del anterior y expira el próximo 31 de diciembre, según ha detallado en un comunicado. Los detalles y la negociación corresponderán a las mesas que cada uno de los comités intercentros de las tres filiales deberán constituir y se acomodarán a los plazos legales marcados para ello. Solo cuando se constituyan esas mesas se sabrá el alcance inicial del ERE. Ambas partes se volverán a reunir el próximo jueves, día 30. Una vez que se constituyan las mesas negociadoras, las partes tendrán un mes para cerrar un acuerdo.

    La operadora provisionará más de 1.000 millones de euros para costear las bajas, según la estimación del mercado. A esa cifra se sumarían en torno a 200 millones de euros vinculados a un plan de bajas para alrededor de 300 directivos del área corporativa, es decir, empleados del entorno del equipo del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y también de directivos de filiales, entre otros.

    Aunque ni la empresa ni los sindicatos han argumentado oficialmente la vuelta al despido colectivo como fórmula, en los motivos puede haber pesado que el ERE es más flexible que los planes de bajas voluntarias, más sujetos a la pirámide de edad de la plantilla que a motivos profesionales, por lo que las bajas se pueden adecuar mejor a las necesidades de la compañía. Hay que tener en cuenta que este ajuste va ligado a la externalización completa del servicio de atención al cliente para abonados residenciales, cuya pieza central es el teléfono 1004. Y también al cierre de 100 edificios por la clausura de la red de cobre y su sustitución por fibra óptica.

    Informe de Trabajo

    Hay varias diferencias entre la aplicación del ERE y el plan de bajas. La primera es que el ERE debe contar con un informe de la Inspección de Trabajo sobre si este despido colectivo se ajusta o no a la causa alegada por la empresa, mientras que el PSI solo precisa del acuerdo entre empresa y sindicatos. La exigencia de dicho informe se estableció a través de una enmienda de EH-Bildu a la Ley de Empleo aprobada este año, que modificó el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo. Ese cambio establece que “el informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir”.

    De esta forma, la Inspección evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo. Hasta ahora la Inspección supervisaba el cumplimiento procesal del ERE pero no entraba a determinar si la decisión extintiva se correspondía o no con las causas alegadas y con su acreditación, y se limitaba a informar del cumplimiento de cuestiones formales. Este cambio no supone que ahora vuelva a hacer falta la autorización administrativa (del Ministerio de Trabajo) para que se apruebe este ERE. Sin embargo, si el informe de la Inspección fuera contrario, esto es, que no encontrara proporcionadas las causas justificativas del despido colectivo, en caso de recurrir este a los tribunales, sería más fácil que un juez pudiera anular el expediente.

    Además, con el ERE, Telefónica podrá imponer despidos forzosos si no se llega al número de salidas deseado por la empresa, frente a los PSI, en los que todas las bajas son voluntarias. No obstante, los trabajadores afectados sin tendrán la ventaja de que cobrarán en un solo pago las indemnizaciones o tendrán más garantías en el caso de prejubilaciones, ya que el PSI se cobra periódicamente al tratarse de una suspensión de empleo.

    La última vez que Telefónica aplicó un plan de bajas voluntarias fue en 2021 y afectó finalmente a 2.418 trabajadores, con un coste de alrededor de 1.400 millones de euros. El primer PSI, planteado en 2015 y ejecutado en 2016, supuso la salida de 6.300 trabajadores con un coste de casi 3.700 millones de euros. Posteriormente, aplicó otro plan de bajas en 2019 por el que se desligaron de la operadora unos 2.600 empleados, con un coste de 1.700 millones de euros.

    El ajuste laboral en Telefónica se produce en un momento de incertidumbre en la propiedad de la operadora, tras la entrada por sorpresa de Saudi Telecom Company (STC) con la compra del 4,9% (ampliable al 9,9% de las acciones). Un movimiento al que ha reaccionado el Gobierno, que estudiará que el Estado vuelva al accionariado de la compañía a través de la toma por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de un 5% del capital.

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