Nuevo choque entre Díaz y Garamendi por la reducción de jornada: los empresarios quieren negociarla solo con los sindicatos | Economía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, han vuelto a chocar públicamente este lunes. Esta vez a cuenta de la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a la que se ha comprometido el Ejecutivo de coalición. Durante su comparecencia en el Congreso los Diputados para esbozar la hoja de ruta de su Departamento en la legislatura, Díaz ha sido muy clara a la hora de asegurar que la reducción de la jornada a 37,5 horas en esta legislatura se hará quieran o no quieran los empresarios. “Vamos a intentar un acuerdo tripartito (Gobierno, patronal y sindicatos), pero, si no, será bipartito (solo con los sindicatos); siempre en el diálogo social y con deliberación parlamentaria”, ha dicho firmemente Díaz en la Cámara Baja.

Esto ha enfadado al líder patronal, que se ha apresurado, tras intervenir en un foro sobre turismo, a reclamar al Gobierno que deje negociar dicha reducción del tiempo de trabajo a los empresarios y a los sindicatos en solitario, sin que el Ejecutivo marque dichas conversaciones. De hecho, Garamendi se ha mostrado a favor de recortar la jornada laboral pero solo en el ámbito bipartito, tal y como ya acordaron los interlocutores sociales la subida salarial de referencia para el sector privado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Sin embargo, Díaz había sido muy clara: recortará la jornada en esta legislatura aunque se opongan los empresarios. Se trata de una advertencia que llega después de que Trabajo y los sindicatos hayan firmado sin la patronal un nuevo incremento del salario mínimo y tras Garamendi, a los planes de Díaz para esta legislatura. Es más, ha reprochado a la patronal que no se haya sumado al acuerdo para subir dicho salario mínimo: a pesar de que había acuerdo también entre los empresarios para subirlo en torno al 4%, “la patronal prefirió someterse a intereses partidistas”. Pero, sobre todo, este nuevo toque de atención a la clase empresarial se produce a las puertas del inicio de la negociación con patronal y sindicatos para esta reducción del tiempo de trabajo que arrancará este jueves, 25 de enero. Esto, sin duda, podría contaminar el arranque de esta mesa de diálogo.

En este punto, sin citar la advertencia hecha por Díaz, el presidente de CEOE ha vuelto a pedir al Ejecutivo: “que nos dejen gestionar los temas” a las dos partes (patronal y sindicatos). “Yo nunca diré que los empresarios son rácanos ni que los trabajadores son zánganos, pero que no nos lleven a esa deriva porque no será nada buena para elpaís”, ha señalado Garamendi. Y ha añadido otro recado para el Gobierno: “no puede ser que estemos en unos mensajes permanentes anti-empresa”, tras lo que reocordó que las compañías “tienen que ganar dinero para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando ese empleo”.

Sin embargo, todo apunta a que la ministra piensa hacer oídos sordos a la petición patronal y ha justificado esta determinación en reducir la jornada por el apoyo de los ciudadanos en general a esta iniciativa. En concreto, se ha referido a los resultados de la encuesta de 40dB publicada este lunes por EL PAÍS y la Cadena Ser, en la que, según ha resaltado, “la reducción de la jornada es una de las medidas más apoyadas por la ciudadanía en el país; incluso por los votantes de la derecha y de extrema derecha”. Aunque no ha dado detalles de cómo se implantará este recorte del tiempo de trabajo, que ha dicho que beneficiará a doce millones de asalariados del sector privado —aunque muchos de ellos ya tienen una jornada inferior a 40 horas semanales vigentes desde 1983—, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, ya especificaba que en 2024 la jornada máxima pasaría a ser de 38,5 horas y en 2025 se pasaría ya a las prometidas 37,5 horas, ya establecidas en el sector público.

Ha añadido que dicha reducción “mejorará la vida de las personas; es una iniciativa es ecológica; tiene que ver con paliar los problemas de salud mental y con una gestión del empleo más eficiente”. Por eso ha insistido a los diputados: “Les anticipo que sacaremos adelante una reducción a 37,5 horas a la semana sin reducción salarial. Para aumentar el tiempo de vida, porque estamos en el primer cuarto del siglo XXI y la tecnología lo permite. Y esto se hará desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y para aumentar los tiempos de formación, ocio o participación social”. Es más, ha asegurado que dicha reducción propiciará una mejora de la productividad y esto se hará “de manera más equilibrada”.

Según los datos que ha aportado, “es ciencia, no ideología, que reducir la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en España. Desde 1995 a 2022 la productividad creció el 15,3% mientras que los salarios lo hicieron al 1,2%; ahí se ve que alguien gana y alguien pierde y esto hay que corregirlo, al igual que hay aumentar la participación de los salarios en la renta nacional, fijada ahora en el 48%”.

Dicho esto, Díaz anunció en la Cámara Baja otras muchas que pretende llevar a cabo en esta legislatura (hasta 12 cambios normativos de calado) entre los que están, otros que también se presentan de muy difícil negociación con las organizaciones empresariales. Además de la reducción el tiempo de trabajo, será el caso de la reforma en profundidad la indemnización por despido; la modificación de la regulación del empleo a tiempo parcial; o la creación de fórmulas de participación de los trabajadores en las decisiones empresariales.

Un despido sin tasar

Así, Díaz ha reiterado que reformará la indemnización por despido, tal y como se espera que reclame el Consejo de Europa a España tras sendas demandas de UGT y CC OO . Los empresarios también rechazan de plano cambios en esta materia, al argumentar que no modificar el despido no estaba en el marco negociador de la pasada reforma laboral que negoció y respaldó CEOE. La ministra ha respondido también a esta queja patronal, asegurando que dicha reforma viene marcada por Europa y, además, está incluida en el último acuerdo de Gobierno de coalición entre Sumar y el PSOE, algo que no estaba en el pacto con Podemos en la legislatura pasada. Los planes de Díaz para esta reforma consisten en que la futura indemnización en el caso de los despidos improcedentes, sea “un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando despido improcedente y que será verdaderamente disuasorio para despedir sin causa”.

¿Qué quiere decir esto? Díaz ha explicado que con los cambios que pretende introducir no se sabrá con anterioridad el valor de la indemnización por despido improcedente —como ocurre en la actualidad, porque se determina por el salario y los días de trabajo en la empresa— sino que la compensación va a depender de muchos otros factores”.

No ha citado, sin embargo, qué elementos intervendrán a la hora de fijar estas indemnizaciones, pero podrían ser algunos relacionados con la situación personal del trabajador (empleabilidad, edad, baja antigüedad en la empresa…) pero eso será lo que se negocie en el diálogo social y en el Parlamento. En cualquier caso, ha insistido en que la cuantía resultante debe ser, además de “reparadora, también “disuasoria” para el empresario que quiera despedir sin causa justificada. En este sentido, ha recordado que existe la posibilidad de realizar otros ajustes de empleo, incentivados desde la pandemia, como las reducciones de jornada y sueldo o la suspensión temporal del contrato: “hoy en día no es necesario despedir en España”, ha sentenciado la vicepresidenta. Esta reforma del despido también limitará el despido de algunos colectivos como aquellos con invalidez permanente.

Trabajadores decidiendo en las empresas

Otra de las reformas que, con toda seguridad, no será fácil llevar a cabo es la anunciada también por Díaz este lunes, consistente en desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución para establecer fórmulas de participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. En concreto, la ministra ha insistido que los cambios estarán orientados a “democratizar la estructura empresarial”, promoviendo diversas formas de participación en la empresa, “porque es muy extraño que en todo este tiempo no se haya desarrollado un mandato constitucional”.

Ha precisado que esta participación de los representantes de los trabajadores en España ya se ha ensayado de forma puntual en el País Vasco o en alguna empresa, pero se trata de casos muy puntuales, que pretende generalizar para las empresas grandes y medianas. De hecho, ha argumentado que hay ya 18 Estados europeos que tienen regulada esta participación y ha citado, en concreto, el caso alemán de “cogestión empresarial”, vigente desde 1996, “que ha servido para mejorar la productividad de la economía alemana”. Asimismo, ha asegurado que esta medida podría servir de freno a futuras deslocalizaciones empresariales: “nadie mejor que los trabajadores para defender su empresa; si tuvieran que votar la marcha de la compañía, ya sabemos lo que votarían”, ha dicho.

Esta medida ya fue planteada por Díaz en la anterior legislatura, pero se quedó en el tintero por el adelanto electoral y fue recogida posteriormente en el acuerdo del actual Gobierno de coalición. De igual forma, en el anterior mandato del Ejecutivo progresista no dio tiempo a sacar adelante una nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, algo que retomará ahora Trabajo: en las próximas semanas se creará un grupo de expertos para hacer esta nueva legislación laboral.

Dicha normativa incluirá cambios en la regulación, entre otras cosas, del empleo a tiempo parcial, sobre todo el de carácter involuntario; la normativa de autónomos; o la de permisos para cuidados. En este último punto, la vicepresidenta ha hecho hincapié en su intención de que recién aprobado permiso parental de cuatro semanas en los ocho primeros meses de la vida de un hijo sea retribuido. Y ha añadido que “avanzará hacia la ampliación del permiso de maternidad y paternidad a las 20 semanas”.

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