Lun. Abr 15th, 2024
    El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la segunda jornada de la investidura en el Congreso.Javier Lizon (EFE)

    Una vez lograda la investidura, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez está decidido a aprobar lo más rápido posible los Presupuestos Generales del Estado para 2024 ante el enorme retraso acumulado sobre el calendario habitual. De hecho, el equipo de Hacienda ya lleva tiempo trabajando en ello, según reconoció la misma ministra, María Jesús Montero, y corroboran fuentes internas: “El objetivo del Gobierno es tener unos presupuestos lo antes posible”. Sin embargo, matizan que es pronto para hablar de fechas concretas. También es prematuro hablar de su contenido. Las pocas cosas que están claras son que 2024 arrancará con unas cuentas prorrogadas, las de este año, que hay poco espacio para elevar el gasto sin nuevas medidas de ingresos y que hay materias con poco margen de sorpresa, como el sueldo de los funcionarios y las pensiones, cuyas subidas ya están pactadas.

    Hacienda se enfrenta este año a un doble desafío, elaborar las cuentas a toda velocidad y abordar un ajuste de cerca de 11.000 millones para reducir el déficit del 3,9% del PIB (que se prevé para este año) al 3%, que ha comprometido con Bruselas para 2024. Aunque el ajuste es cuantioso, el Ejecutivo tenía fácil alcanzar esa meta. Tan solo tenía que desmontar el esquema de ayudas e incentivos aprobados por la crisis energética y la inflación. Pero Sánchez ya ha anunciado que mantendrá alguna de esas medidas, como los subsidios al transporte o la rebaja del IVA alimentario. Así que el margen fiscal se reduce y la ministra Montero tendrá que afilar el lápiz para cuadrar las cuentas.

    La liturgia presupuestaria arrancará con la aprobación del techo de gasto, es decir, el tope máximo por encima del cual no pueden crecer los desembolsos. El año pasado marcó un récord de unos 200.000 millones —fondos europeos incluidos—. Habrá que ver hasta dónde Hacienda abrirá la manga en 2024, considerando el frenazo económico generalizado y la vuelta de las reglas fiscales europeas. Bruselas, además, ha recomendado a España que sus gastos no superen el 2,6% del PIB.

    Junto al techo de gasto, se debe aprobar la senda de déficit y deuda, que está sujeta a votación. El PP podría tumbarla aprovechando su mayoría en el Senado y el poder de veto que la Ley de Estabilidad reconoce a la Cámara alta para este trámite. La votación es delicada, y si la senda fuera rechazada los plazos se alargarían. Pasados estos trámites, el proyecto de Presupuestos se registra en el Congreso, donde empieza el periodo de comparecencias, debates y presentación de enmiendas en las dos cámaras. Desde el registro oficial del documento hasta su aprobación, de media, suelen pasar unos tres meses.

    Gastos

    La reforma de las pensiones establece que las prestaciones se revaloricen en función de la evolución de los precios: para 2024 se tendrá en cuenta el IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. El dato aún no se conoce, pero un grupo de economistas expertos en Seguridad Social calcula que las prestaciones contributivas subirán un 3,8%; un 8% las mínimas y no contributivas. Solo la revalorización de las pensiones con la inflación supondrá un aumento de gasto de 7.600 millones, a lo que hay que añadir el crecimiento en el número de pensionistas y de las prestaciones medias. Todo esto convertirá el gasto en pensiones en la partida más cuantiosa con diferencia. Más de un tercio de todo el gasto del Estado (cerca de 200.000 millones, incluidas las clases pasivas) va dirigido a pagar las prestaciones de la Seguridad Social.

    En el caso de los funcionarios, cuyo número también aumentará por las ofertas públicas de empleo, el incremento salarial fijo pactado con los sindicatos es del 2% para el próximo año —y un componente variable del 0,5%—. La nómina de los empleados públicos es otro de los grandes capítulos de gasto del Estado. Desde 2018, el Ejecutivo de Sánchez ha convocado más de 182.000 plazas públicas, más de la mitad de nuevo ingreso. Se espera que, tras la convocatoria récord de 2022 y 2023, el próximo año se empiecen a incorporar miles de funcionarios a los cuerpos del Estado.

    Otra partida que exigirá un mayor esfuerzo presupuestario es el pago de intereses: la carga de la deuda batirá un récord de 39.078 millones de euros en 2024, efecto de la política monetaria restrictiva del BCE.

    El Gobierno también tiene compromisos que no ha desglosado en términos monetarios ni temporales, pero están en su horizonte de medio plazo: el aumento del gasto en Defensa para que suponga el 2% del PIB en 2029, por ejemplo, o las inversiones prometidas en vivienda pública, que Pedro Sánchez ha sacado a relucir durante el debate de investidura. El líder del PSOE también ha adelantado que se prorrogará seis meses la rebaja del IVA a los alimentos básicos —hasta septiembre, su coste ha sido de casi 1.300 millones— y que se mantendrán descuentos en el transporte público.

    Un asunto aparte es la financiación territorial. Al margen de la renovación del modelo y al acuerdo con ERC para condonar parte de la deuda autonómica, comunidades y Ayuntamientos están a la espera de conocer cuánto dinero les repartirá el sistema a través de las entregas a cuenta, una cifra que aún no se conoce, pero que superará seguramente los 124.292 millones de este año por la buena marcha de los ingresos.

    Ingresos

    La recaudación fiscal marcó un récord en 2022 —255.000 millones, un 14,4% más que el año anterior—, al calor de la recuperación del consumo y los beneficios empresariales, la fortaleza del mercado laboral y el impacto de la inflación. Este año, Hacienda espera lograr otro récord, al proyectar un incremento adicional del 5%, pese a que el crecimiento económico se está enfriando y moderando la subida de precios. En 2024 el panorama será algo más sombrío: se notará en mayor medida la desaceleración y será necesario algún tipo de ajuste para cumplir con el objetivo de déficit del 3% del PIB —el máximo permitido por las reglas fiscales—.

    Lo que se sabe es que hay medidas extraordinarias de ingresos que seguirán vigentes: los cargos temporales a banca y energéticas, que han aportado 2.908 millones este año —y que el Gobierno estudia mantener más allá de 2024— y el impuesto a las grandes fortunas, que ha recaudado 623 millones de euros en el mismo periodo y que también es candidato a permanecer más allá de los dos ejercicios previstos. También siguen otras disposiciones temporales, como la limitación para grandes grupos a la compensación de pérdidas en el impuesto de sociedades.

    A la vez, hay muchas incógnitas. Están pendientes, por ejemplo, asuntos en materia de imposición medioambiental, como la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, que Bruselas exige, pero que parte de los socios de la investidura rechaza. La gran duda, sin embargo, es si se acabarán retirando los paquetes anticrisis y en particular las rebajas fiscales a los suministros energéticos. Deberían expirar el 31 de diciembre y ni Sánchez ni Hacienda, de momento, han sugerido que se mantendrán. De hacerlo, España incumpliría con el objetivo de déficit, salvo apruebe subidas fiscales millonarias o recorte de otro lado. La Airef, de hecho, avala la previsión del 3% solo si se eliminan los cerca de 15.000 millones de ayudas contra la inflación.

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