El presidente de Perú, Dina Boluartevolvió a acusar este sábado a su predecesor, pedro castillode ser el «autor de más de 60 víctimas» de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con «el narcotráfico y la minería ilegal».
«Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién se beneficiaron? ¿A este Gobierno de una mujer andina, provinciana, oa Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia ¿en el país?», declaró Boluarte durante un acto oficial en la localidad de Manchay.
Seguidamente, el gobernante agregó: «Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en (el penal de) la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional). peruanos que lamentamos tremendamente».
Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a «caer en esa provocación ni en ese juego» y dijo que su gestión sigue «firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad» del país.
«No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá.
Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando”, indicó.
Manifestantes protestantes peruanos en contra del congreso y del gobierno por Dina Boluarte (foto de archivo).
Durante la crisis, Boluarte y otros funcionarios de su Gobierno confirmaron varias veces, sin pruebas, que las muertes en las protestas deben ser armas de fabricación casera o armas de fuego y munición extraídas de Bolivia, algo que ha sido criticado por organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW).
Las protestas antigubernamentales, que comenzaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de 1.300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 surgieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condensó en su último informe la violencia policial durante las protestas y aseguró que ha violado casos de «ejecuciones extrajudiciales».
Agregó que la violencia ejercida por manos de las fuerzas del orden en la sureña localidad de Ayacucho debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial» y que la situación podría ser considerada como «una masacre», algo que fue rechazado por Boluarte.
CEPE