Tras tres años y medio de las protestas que sacudieron Chile in 2019 en el denominado estallido social, Amnistía Internacional alertó en un comunicado publicado este miércoles que solo 22 de los 10.936 casos de abusos policiales han concluido en condena y que las victimas siguen sin contar con la reparacion adecuada.
«El Estado chileno muestra grandes debilidades en materia de derechos humanos. La impunidad ha sido la regla general, no se hace cargo de las víctimas del estallido social ni aporta garantías para que no se repitan hechos parecidos”, dijo el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
En el informe «La reparación integral de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social», Amnistía Internacional Chile cifra en 130 los procesos legales abiertos por abusos policiales durante las protestas de 2019un 1.19 por ciento del total de las violaciones de derechos humanos confirmado por el Ministerio Público.
En octubre de 2019 iniciamos en Chile intensas protestas que se alargaron durante meses pidiendo profundos cambios sociales, y qu’a menudo derivaron en graves interrupciones. En total, hubo más de 30 fallecidos y millas de heridos.
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Los manifestantes representan las décadas de personas que han recibido desaparecidos además de ojos por parte de las fuerzas policiales este martes, Durante otra jornada de protestas, en Santiago.
Orlando Barría. Efe
Bustos dijo especialmente a las 4.402 peticiones de las fiscalías chilenas para aplicar el Protocolo de Estambul, que activa únicamente en casos extremos como torturas o agresiones físicas graves, y cuyas pruebas periciales muchas veces han llegado hasta dos años después del ataque sufrido por la víctima o simplemente no se han hecho.
Hubo casos de homicidios, brutales golpizas, personas con lesiones oculares, adolescentes desnudadas en dependencias policiales. Los datos muestran un panorama general de impunidad y seguimos interpelando al Estado y el Gobierno a que cumpla con sus deberes en materia de derechos humanos”, remarcó Bustos.
La información de Amnistía Internacional detalla las deficiencias y la atención a las víctimas: los programas se centran en el aspecto médico, sin contemplar la variante psicológica, se concentrarán en su mayoría en la capital chilena, dejando sin servicios a muchos damnificados que residen en otros puntos del país, apunta la organización.
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Material de archivo. Protestas en Chile.
Martín Bernetti. AFP
AI pide garantias de no repeticion
Amnistía Internacional similar pide al Ejecutivo chileno medidas para garantizar que en un futuro no se repitan hechos a los abusos policiales acometidos Durante el estallido social, con reformas de calado en la policía chilina y leyes que regulan el uso de la fuerza y las armas por parte de agentes estatales.
«Lamentablemente las últimas medidas aprobadas para reducir la delincuencia en
Chile no van en la dirección de proteger la Policía o la ciudadanía, sino que dan una suerte de check en blanco a los agentes para usar la fuerza sin límites”, dijo el director de Amnistía Internacional Chile.
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Dan una suerte de check en blanco a los agentes para usar la fuerza sin límites
A raíz del aumento de los delitos más violentos en Chile y la alarma que generaron en los últimos meses, el Congreso Nacional aprobó una ley, popularmente llamada «de gatillo fácil», que da mayores facultades a la policia para usar su arma de fuego.
Bustos agregó que Chile es uno de los pocos países que aún sigue relegando la regulación en materia policial a normas internas de los cuerpos de seguridad o del Ejército, por lo que abogó por redactar leyes que recojan «directrices claras» sobre el uso de la fuerza y por formar a los agentes en el uso de armas y en derechos humanos.
“Cualquier ciudadano se puede enfrentar en el futuro a un mal uso de la fuerza por un agente del Estado.”, concluyó Bustos.
CEPE
Más de medio millón de personas protestantes en Chile
